¿Cómo impactan en la sociedad?




El punto de partida para pensar en las políticas de generación de empleo de calidad y trabajo decente es la identificación de los principales problemas y desafíos del mundo del trabajo, que en México no difieren significativamente del resto de Latinoamérica.

Un desafío de fondo para la creación de empleos de calidad tiene que ver con la dinámica de crecimiento económico en el largo plazo, que ha sido irregular e insuficiente. Así por ejemplo, mientras en la segunda mitad de la década del 90 la economía mexicana creció aproximadamente al 4.5% anual, en los primeros años de la presente década (2000 – 2004) dicho crecimiento se redujo a menos de la mitad

(2.1%), aunque se registra una recuperación en el 2005 y 2006.

Esta insuficiencia del crecimiento económico está asociada con un déficit visible en materia de inversión, cuya relación respecto al PIB en el largo plazo, dista mucho del desempeño que registran gran parte de las economías de la OCDE.

En el caso de la inversión privada, a pesar de su apreciable dinámica resultante de los tratados de libre comercio con Norteamérica, México no ha logrado alcanzar su potencial de movilización de inversiones, debido a los problemas de productividad y competitividad que afectan la economía y en general por el entorno desfavorable a la inversión, reflejado en déficits de seguridad jurídica y ciudadana y por los problemas de

transparencia señalados por diversos sectores, contra los cuales la actual administración gubernamental ha planteado una lucha frontal.

La incapacidad para construir un proceso de deliberación publica de la que se desprendan las políticas para crecer es uno de nuestros principales atrasos, y esta no es la única causa.

Por ejemplo, el caso de la baja provisión de personas educadas con un alto nivel de calificación en estándares mundiales, afecta la industria de la información y las telecomunicaciones porque en el mundo global, usar la información para tomar decisiones es lo que asegura la competitividad.

Otra discapacidad que tenemos como país, es la incapacidad que tienen los partidos políticos para ponerse de acuerdo para sacar adelante las reformas estructurales de México que tanto urgen y que nos marcan atraso sexenio tras sexenio.

El problema se extiende también a las relaciones entre Gobierno y sector privado; ya que por lo general el gobierno es receloso de lo que plantea el sector privado y piensa que las demandas que los empresarios diseñan son para ocultar la ineficiencia e incapacidad que tienen para competir, lo cual a veces es cierto.

Por su lado, el sector privado no confía en las palabras y declaraciones que dice el sector público. Ante esquema de desconfianza mutuo, el gobierno acaba por poner en práctica políticas públicas que en cada sector detienen el crecimiento.

Por el lado de la inversión pública también prevalecen brechas en su crecimiento, que se ven reflejadas en limitaciones en el desarrollo de la infraestructura productiva, en los

Niveles de educación y capacitación de la fuerza de trabajo y en los indicadores de acceso de la población a los servicios básicos de electricidad, salud, agua potable, etc., especialmente en las áreas rurales y en los estados más rezagados económica y socialmente de la federación.

Las brechas de inversión económica y social reflejan a su vez las insuficiencias del sistema tributario, pues mientras en los países de la OCDE la presión tributaria alcanza en promedio el 36% del PIB, en el caso de México dicha relación asciende al 19% del producto.

En tales condiciones resulta muy difícil lograr los niveles de inversión económica y social que demanda la competitividad creciente del país.

El déficit de inversión en infraestructura productiva y en el desarrollo de los recursos humanos, junto a las restricciones a la expansión de la demanda agregada y las insuficiencias en las políticas que condicionan el entorno macro y microeconómico determinan los rezagos en materia de productividad que muestra la economía mexicana en el largo plazo, cuyo nivel representa una fracción de lo que muestran las economías de la OCDE y de los socios de América del Norte.

Este desempeño de la productividad en México explica los diferenciales salariales que percibe la fuerza de trabajo mexicana respecto a sus pares de la OCDE y de América del Norte.

Los problemas del crecimiento e inversión se reflejan en una alta subutilización en el mercado de trabajo, donde la “punta del iceberg” es el desempleo abierto que incide sobre cerca del 4% de la fuerza de trabajo (cerca de 1.8 millones de mexicanos), y que en mayor grado afecta a jóvenes y mujeres. Pero esta subutilización de carácter más visible resulta mayor si se toma en cuenta la alta proporción de ocupados que trabajan una jornada insuficiente, deseando trabajar más (subempleo visible), fenómeno que incide sobre cerca del 7% de la fuerza de trabajo, esto es alrededor de 3 millones de mexicanos (INEGI, http://www.inegi.gob.mx/est/default.aspx?c=5213 ).

El problema del empleo resulta más extendido al considerar la situación de los trabajadores que migran anualmente a los Estados Unidos (más de medio millón por año), lo cual se podría considerar una extensión del problema ocupacional más allá de las fronteras de México.

El otro déficit en materia de trabajo productivo se refiere a la alta proporción de la fuerza de trabajo que labora en la economía informal y que de acuerdo a estimaciones recientes alcanza a cerca del 28% de la PEA mexicana, (estimaciones refinadas del

INEGI de acuerdo a las recomendaciones más recientes de la OIT para la medición de la economía informal), esto es, unos 12.5 millones de trabajadores y trabajadoras, cuyas características principales son los bajos niveles de productividad e ingresos que caracteriza a una buena parte de ellos.

No obstante esta caracterización, se reconoce que se trata de un núcleo muy heterogéneo en donde también prevalecen muchas actividades y negocios en condiciones de ilegalidad que no tributan al Estado y otras que podrían ocultar subcontrataciones informales y vínculos comerciales con empresas medianas y grandes, originando y reproduciendo a su vez, relaciones atípicas y precarias de trabajo. En todo caso, se debe subrayar que los problemas de ilegalidad es una de las características de la economía informal, mas no es el factor explicativo de su dinámica, ni tampoco el marco regulatorio que condiciona el funcionamiento de los negocios a pequeña escala.

La dinámica de la informalidad está determinada principalmente por la insuficiencia del crecimiento de las economías y por los factores que condicionan el desarrollo de las empresas, que van más allá del marco regulatorio, pues tienen que ver con la dinámica de la demanda agregada y el contexto externo en que se mueve la economía.

El extraordinario déficit de trabajo decente en la economía informal consiste en que la gran mayoría de sus trabajadores y trabajadoras se desempeñan en condiciones de subsistencia, percibiendo ingresos muy bajos y sin prestaciones ni derechos de ningún tipo. En realidad muchos de esos hombres y mujeres pueden tener una gran capacidad emprendedora y pueden desempeñar sus actividades con dignidad; pero el gran problema está en que una gran parte de ellos no logran los ingresos suficientes que les permitan satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, y por esa vía puedan vivir con dignidad.

Otro desafío importante en materia de trabajo decente se refiere a la extensión de la seguridad social cuya cobertura alcanza alrededor del 46% de la población ocupada a nivel federal en materia de salud y/o pensiones (OIT, Panorama Laboral, 2006). En otras palabras, 54 de cada 100 miembros de la fuerza de trabajo ocupada (unos 24 millones de trabajadores) no acceden a los beneficios de la seguridad social, registrándose los mayores déficit entre los trabajadores independientes y asalariados de microempresas de la economía informal y entre los trabajadores agrícolas del ámbito rural.

En adición a esas brechas de cobertura, también se han planteado desafíos por el lado de las perspectivas financieras y de sostenibilidad de la seguridad social en el largo plazo, teniendo en cuenta las tendencias esperadas en las cotizaciones que se derivan de una creciente informalidad y por los problemas de evasión derivados de relaciones precarias de trabajo, por contratos atípicos o por las prácticas de subcontratación difundidas en el mercado.

Complementariamente, se reconoce que persisten problemas en materia de salud y seguridad en el trabajo, particularmente en actividades de mayor riesgo como la minería, la agricultura y otras actividades priorizadas por los interlocutores sociales.

Como parte del problema se menciona las limitaciones de los sistemas de información sobre riesgos y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la falta de un programa nacional en la materia.

Finalmente, los desafíos del empleo y el trabajo decente no se podrían entender integralmente sin considerar los problemas existentes con relación a los derechos laborales. Y tales problemas se pueden identificar a partir de las percepciones y manifestaciones de los interlocutores sociales en relación a la aplicación de la normativa nacional e internacional.

Si bien no suele haber una interpretación única respecto al tema, la recurrencia de denuncias o reclamaciones ante las autoridades nacionales y ante la OIT, denotan la persistencia de problemas en materia de derechos laborales, y percepciones divergentes respecto a la aplicación de algunos de los derechos consignados en los ocho convenios fundamentales de OIT.


REFERENCIA

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?contenido=31273http://www.foropoliticaspublicas.org.mx/docs/Empleo_Miguel%20del%20Cid_OIT.pdf/docs/Empleo_Miguel%20del%20Cid_OIT.pdfQuintana@infosel.net.mx
Enrique Quintana, Economista y Catedratico. El imparcial 22 Jun 09.

0 comentarios:

Publicar un comentario